El Tribunal de Cuentas expuso un rojo millonario y fuertes debilidades de control en la gestión de Melella

USHUAIA.- El informe de auditoría sobre la Cuenta de Inversión 2025 del Poder Ejecutivo provincial dejó una extensa lista de observaciones sobre la administración financiera de Tierra del Fuego. Entre los principales señalamientos aparecen diferencias presupuestarias, recursos utilizados que no habían sido restituidos, inconsistencias en la valuación de activos, obligaciones pendientes con los municipios y deficiencias en los mecanismos de control interno.

Uno de los datos más significativos es la diferencia de $2.608 millones entre las modificaciones presupuestarias autorizadas y aquellas registradas en el sistema financiero. Para los auditores, la discrepancia forma parte de un conjunto de inconsistencias detectadas al revisar la información correspondiente al ejercicio.

Otro de los puntos observados fue el uso del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO). Durante 2025 se utilizaron $49.850 millones de ese fondo que, al cierre del ejercicio, todavía no habían sido restituidos.

La auditoría también analizó la situación del Fideicomiso Austral y encontró una diferencia aproximada de $430.016 millones entre el valor contabilizado y el valor actualizado del crédito correspondiente al fideicomiso, de acuerdo con el análisis incorporado al informe.

Un patrimonio neto negativo

La situación patrimonial constituye otro de los aspectos más delicados señalados por el Tribunal de Cuentas. Al cierre de 2025, el Poder Ejecutivo informó un patrimonio neto negativo de $543.659 millones, debido a que los pasivos registrados superaban ampliamente a los activos.

El resultado surge de la información patrimonial presentada por la propia administración provincial y fue considerado dentro del análisis realizado por el organismo de control.

A ese escenario se suman las obligaciones pendientes con los municipios. Al finalizar el ejercicio quedaron $24.794 millones devengados y pendientes de cancelar en concepto de coparticipación.

La distribución informada en el análisis corresponde a:

Río Grande: $11.644 millones.

Ushuaia: $11.303 millones.

Tolhuin: $1.846 millones.

La magnitud de esos montos refleja otra de las cuestiones observadas en la ejecución financiera provincial y alcanza directamente a los recursos que deben recibir las administraciones municipales.

Duras observaciones sobre el control interno

Uno de los cuestionamientos centrales de la auditoría está relacionado con los mecanismos de control utilizados por el Poder Ejecutivo.

Los auditores concluyeron que la administración provincial no cuenta con un sistema de control interno eficiente y eficaz, en los términos establecidos por la normativa vigente.

El informe además señaló la reiteración de errores y debilidades en los procesos de validación. Para el organismo de control, esas deficiencias afectan los procedimientos destinados a verificar la correcta registración y tramitación de las operaciones.

También fue observado el uso recurrente del mecanismo de “legítimo abono” para cancelar gastos cuya tramitación administrativa había presentado irregularidades o no había seguido los procedimientos ordinarios previstos.

La reiteración de este recurso fue incorporada entre los aspectos que el Tribunal consideró relevantes al evaluar el funcionamiento administrativo durante el ejercicio 2025.

La presentación llegó fuera de término

La Cuenta de Inversión también recibió una observación vinculada con el cumplimiento de los plazos establecidos por la legislación provincial.

El Poder Ejecutivo presentó la documentación ante el organismo de control el 28 de mayo de 2026, pese a que el plazo legal para hacerlo había vencido el 4 de mayo.

La demora fue incorporada al conjunto de observaciones formuladas durante el proceso de auditoría y constituye otro de los aspectos administrativos cuestionados por el Tribunal.

Una radiografía de la gestión financiera

Los hallazgos abarcan diferentes áreas de la administración provincial y no se concentran en una única operación. El Tribunal encontró inconsistencias en los registros presupuestarios, recursos pendientes de restitución, diferencias vinculadas con activos, un resultado patrimonial negativo, obligaciones con los municipios y problemas relacionados con los controles internos.

El informe también pone el foco en los procedimientos utilizados para registrar y cancelar determinados gastos, así como en el cumplimiento de las obligaciones formales vinculadas con la presentación de la documentación.

En conjunto, las observaciones del organismo de control describen un escenario de fuertes debilidades en la administración financiera y administrativa de la Provincia durante 2025.

La auditoría adquiere particular relevancia porque el Tribunal de Cuentas es el órgano encargado del control externo de la hacienda pública provincial. Sus conclusiones permiten dimensionar las diferencias detectadas y exponen los puntos sobre los que la administración de Gustavo Melella deberá brindar explicaciones y avanzar en correcciones.

Mientras el Gobierno provincial sostiene un discurso centrado en la modernización y la eficiencia de la gestión, el informe del organismo de control plantea cuestionamientos concretos sobre los registros, los procedimientos, los recursos pendientes de restitución y la capacidad de los mecanismos internos para garantizar un adecuado seguimiento de los fondos públicos.