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RIO GRANDE.- La crisis que atraviesa la Obra Social del Estado Fueguino motivó una nueva presentación administrativa este 22 de marzo ante el Gobierno y el Parlamento local. Catalina Elizabeth Peralta, quien afronta un tratamiento por cáncer y cuida a su hijo con parálisis cerebral, lideró la petición ante la ausencia de soluciones por parte del ente autárquico.
En su escrito, la mujer se enfatizó que “la salud no puede ser una variable de ajuste” y recordó que se trata de una obligación estatal que debe cumplirse sin excusas.
El panorama descrito en la misiva revela que las farmacias prestadoras cortaron el suministro de elementos vitales debido a las deudas acumuladas por la institución. Entre los faltantes más urgentes aparecen las bolsas para colostomía y los kits para el control de glucemia en diabéticos, además de fármacos específicos con cobertura total por ley.
Esta interrupción obliga a que los familiares deban recurrir a soluciones precarias o elementos no esterilizados para atender a pacientes postrados, elevando el peligro de infecciones graves.
Por otro lado, el reclamo subraya el colapso de la asistencia domiciliaria, un servicio que desapareció prácticamente durante las noches y los días feriados. Los parientes de los enfermos manifiestan que se sienten abandonados a su suerte y que el agotamiento por la falta de enfermeros los tiene al límite de sus fuerzas.
Esta falla en el sistema de cuidados no solo perjudica al afiliado, sino que desmorona la estructura económica y emocional de todo el grupo familiar que debe suplir la ausencia de profesionales.
Los sectores afectados exigen la intervención inmediata del Ejecutivo para regularizar el flujo de medicamentos y garantizar que los cuidadores regresen a las casas de los pacientes.
La intención de los afiliados es lograr un compromiso real para proteger a quienes no tienen recursos económicos para costear estos tratamientos de forma privada. Mientras se guardan respuestas oficiales, crece el malestar entre los beneficiarios que exigen medidas de fondo que aseguren su derecho a una atención digna.
