BUENOS AIRES-. El camarista Mariano Borinsky, a cargo del equipo que trabajó para la redacción del nuevo Código Penal, destacó que con este proyecto el Estado podrá "sacarle las propiedades a los funcionarios que no la pueden jutificar", aún si no hay sentencia firme.
"En todos los casos se procederá al decomiso dinero, cosas, bienes sin necesidad de condena penal si se hubiera podido comprobar la ilicitud de su origen o del hecho material al que estuvieran vinculados", detalló.
En diálogo con Radio Milenium, el juez de Casación precisó que el artículo 24 del proyecto platea que "el Estado puede actuar obteniendo la devolución ese dinero" producto de la corrupción, "sin la necesidad de esperar la condena judicial"
"Respecto de los delitos de funcionarios públicos, hace 100 años no se tomaba nota de que la única preocupación era la cárcel para el funcionario público que metía la mano en la lata, es también importante la necesidad de que devuelva el dinero de esa lata", resaltó el camarista.
El proyecto se iba a presentar en el Congreso el próximo 21 de agosto, pero finalmente se suspendió a partir de los debates intensos que hubo en el recinto en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, que el nuevo Código también trata.
"Supuestamente la suspensión es por el tema de lograr mayores consensos, que obviamente el derecho penal genera estas cuestiones, pero siempre va a haber alguna discusión de algún punto, y nosotros consideramos que la solución para el tema aborto contempla todos los intereses constitucionales en juego. No es que antepusimos una ideología", explicó Borinsky.
En este sentido, el magistrado señaló que el nuevo texto que presentarán próximamente contiene "dos artículos, el 86 y el 88, que se vinculan con este tema".
"La ley que se debatió en el Congreso hablaba de la legalización, o sea, que el aborto no sea más un delito. En el nuevo Código iba a seguir siendo una conducta ilegal, pero la comisión, tratando de amalgamar todos los derechos constitucionales en juego, hemos tomado cuestiones de ambos grupos (por los pro vida y pro aborto legal)", manifestó.
De esta manera, ratificó que, si se aprueba este proyecto, se despenalizaría parcialmente la interrupción voluntaria del embarazo: "Se tomó la estructura de 1921 con agregados a los tiempos que vivimos actualmente", agregó Borinsky.
"En los casos de abuso sexual y peligros para la muerte, que son los que introduce la Corte Suprema de Justicia, al estar en la letra de la ley ya no va a ser más necesario tramitar un expediente judicial", aseguró.
