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NACIONALES  | 20.04.2017

Reforma laboral: Macri busca bajar cargas patronales a textiles y blanquear empleados

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Será a través de un proyecto de ley que enviará al Congreso. La medida contempla menos cargas y un crédito fiscal, que costará $1.900 millones por año. Además, se activarán en los próximos días subsidios Repro express para evitar miles de despidos.

La reforma laboral del macrismo para blanquear empleados y reducir cargas sociales tendrá su primer test en la industria textil.

Allí, el Gobierno buscará la "informalidad cero" a través de un proyecto de ley que enviará al Congreso el mes próximo en el que contempla:

- La reducción de las contribuciones patronales

- Un bono fiscal para las empresas que se acojan al nuevo régimen

- Mayores sanciones a quienes se mantengan entre las sombras

En paralelo, las autoridades activarán los "Repro Express" para sostener alrededor de 5.000 empleos en más de 100 empresas.

Además, preparan nuevos incentivos al consumo en hasta tres y seis cuotas, mayores reintegros a las exportaciones y un seguimiento más exhaustivo de las importaciones.

Las medidas, incluido el blanqueo laboral, surgen del acuerdo textil anunciado semanas atrás para debilitar el paro de la CGT.

La normativa impulsada por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el de Trabajo, Jorge Triaca, está destinada a las firmas con contratos irregulares como a los establecimientos en regla.

"El objetivo es que las empresas no despidan al empleado formal y formalicen al que tienen en negro, que les sale más barato", señalaron a iProfesional fuentes oficiales. Pero, además, tiene fines recaudatorios: el sector en negro podría aportar unos $2.600 millones.

El secretario de Transformación productiva, Lucio Castro, y su colaborador, Ezequiel Tacsir, presentaron el borrador de la ley el miércoles pasado en una reunión en el Ministerio de Producción.

Participaron representantes de las cámaras y los gremios de la actividad, quienes dieron su visto bueno a la propuesta y que ahora analizan con sus equipos técnicos. La idea es que presenten sugerencias antes de que la iniciativa ingrese a Diputados.

Al último encuentro asistió Jorge Sorabilla, titular de la Fundación Protejer; Marcos Raúl Saccal, de la Cámara de ropa de Bebé y Niños (Caibyn); Claudio Drescher, de Indumentaria; Alberto Sellaro, de la Federación de la Industria del Calzado (Faica); y Luis Tendlarz, de la Federación de Indumentaria Textil (Fita).

En tanto, la delegación gremial fue encabezada por Hugo Benítez, de la Asociación Obrera Textil (AOT); Jose Mirai, del Sindicato de Empleados Textiles (Setia); Romildo Ranú, del Vestido (Soiva); y Horacio Jerez, del Calzado (Uticra).

Según el documento de Producción, al que tuvo acceso iProfesional, el plan oficial apunta a estimular la "formalización, control y productividad" en el sector de confección y el de calzado no deportivo.

La elección no es casual, ya que son las dos ramas de la industria textil más intensivas en mano de obra (200.000 y 47.337 personas) y con la mayor tasa de ocupación no registrada: 64 y 74%, respectivamente.

En sintonía con el blanqueo de capitales, que fijó plazos para ingresar al sinceramiento fiscal y mayores multas a quienes se resistieran, el nuevo proyecto de ley crea un "régimen de fortalecimiento y mejora de la competitividad".

Las empresas deberán inscribirse durante un lapso de seis meses para percibir el paquete de beneficios, que regirá a partir de 2018 y que contempla la eximición de multas y deudas de la seguridad social.

De acuerdo con el texto, los beneficiarios "estarán exentos de pagar contribuciones patronales hasta el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil" (hoy en $8.060)".

Por otra parte, gozarán de "un bono de crédito fiscal intransferible equivalente a aportes personales, ART y el componente del aporte patronal de obra social".

Este último servirá para cancelar al 100% IVA y Ganancias. No obstante, "en ningún caso el bono podrá utilizarse para deudas anteriores ni eventuales saldos a favor por reintegros o devolución" de impuestos, señala el borrador.

Giro sindical

Según los cálculos oficiales, hoy el salario de bolsillo promedio de un trabajador formal del sector es de $13.500 y el bruto, de $21.700.

 

La diferencia entre uno y otro se debe a la ART, obra social, la cuota sindical y los aportes patronales. Ese "costo laboral no salarial", en palabras de los funcionarios, es lo que se pretende reducir.

 

Así, con la inscripción al régimen, el sueldo bruto de un empleado registrado descendería a $17.860 y el de un "salario informal cercano al formal" pasaría a $15.150.

 

Esto implicaría una reducción en las cargas del 18% y del 30% respecto de un bruto formal sin beneficios. El proyecto prevé además la trazabilidad y el control en confección, calzado e indumentaria.

 

Las empresas que incumplan perderán los beneficios y pasarán a integrar el registro de empleadores públicos con sanciones laborales (Repsal) por trabajo no registrado, trabajo infantil y trata de personas.

 

La permanencia en el listado les impedirá a los infractores el acceso a subsidios y líneas de crédito estatal, así como a la deducción de los gastos en personal del Impuestos a las Ganancias.

 

Como parte de los cambios al proyecto en estudio, algunas cámaras buscan limitar los beneficios fiscales a aquellas empresas que operan con insumos argentinos para evitar que sean favorecidos los importadores.A su vez, los sindicatos esperan más controles e inspecciones del Ministerio de Trabajo.

 

"Están reconociendo la problemática del sector textil. Saben que hay una caída en los niveles de producción y que aumentaron las importaciones", afirmaron desde uno de los sindicatos de la actividad.

 

El guiño de los gremios al recorte en las contribuciones patronales representa de por si un giro en la postura sindical.

 

En enero pasado, el triunviro de la CGT, Héctor Daer, rechazó esa alternativa al advertir que podría desfinanciar las obras sociales y señaló que los aportes y contribuciones "no son impuestos, sino salario diferido".

 

Fue en respuesta Nicolás Dujovne quien, en su debut al frente de Hacienda, hizo referencia a una futura reforma fiscal con foco en "los impuestos al trabajo".

 

Las críticas proferidas por un amplio arco de la oposición y el anuncio de la huelga general frenaron en el primer trimestre los cambios impulsados por el Gobierno.

 

Sin embargo, la marcha del 1A -que la Rosada leyó como un espaldarazo a su política económica- envalentonó a los funcionarios para desempolvar sus proyectos con eje en los costos laborales.

 

En el caso de la industria textil, reconocen que la medida tendrá un costo fiscal de $1.950 millones por año.

 

Son fondos que deberá aportar el Estado, en lugar de las empresas, para cubrir el bache de aportes y contribuciones con las que se sostienen jubilaciones y pensiones que paga la ANSES.

 

La apuesta oficial, sin embargo, es que el blanqueo laboral genere nuevos ingresos a las arcas públicas por el aumento de recaudación de IVA y Ganancias. Estos dos renglones podrían sumar hasta $2.600 millones anuales.

 

Así, según la ingeniería pergeñada en la Rosada, la medida significaría un costo neto de $1.850 millones en 2018, pero un saldo positivo de $650 millones en promedio entre 2021 y 2027.

Fuente: Iprofesional.com

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