Cómo bajar los precios (Parte I)

Este régimen económico fue establecido por cuestiones geopolíticas, que pareciera que muchos ya han olvidado, pero están directamente relacionadas con el conflicto de límites fronterizos en la zona más austral de nuestro país, y que entre otros argumentos esgrimidos por algunos países ante las organizaciones internacionales (Inglaterra y Chile), se denunciaba el estado de abandono histórico de la Nación Argentina de estos territorios.

Éstos hechos y conflictos limítrofes obligaron a la Nación Argentina a establecer pautas políticas, sociales y económicas para una ocupación efectiva y duradera de población en el área más austral de la patria, y que efectivamente, partir de la sanción de la ley de promoción económica 19.640, se superaron todas las expectativas de mayor presencia poblacional Argentina y permanente en la región.

Desde la entrada en vigencia de éste régimen económico y hasta el año 2001, en todo el territorio del área aduanera especial, se gozaba y respetaba una diferencia económica en los precios al consumidor, de los bienes y servicios para ser consumidos en todo el territorio de la provincia, respecto del resto del país, mayor al 30% en los precios de venta al público, por la eximición de impuestos nacionales.

Desde ese año en adelante la sociedad fueguina, ha sido víctima de una suba sin control de los precios en los productos de consumo, al punto que el día de la fecha no existe ninguna diferencia porcentual en los precios relativos de mercado, entre los productos que son consumidos en el área aduanera especial y el resto del país.

Distorsión de precios en el mercado

En este punto es dable aclarar y establecer los fenómenos que producen distorsión de precios en los mercados y que básicamente son dos: distorsión de precios por fenómenos de producción y distorsión de precios por especulación comercial.

La distorsión de precios de mercado por fenómenos de producción en este caso se dan los cambios en los niveles de producción debido a problemas generados en la producción de bienes y servicios por fenómenos de la naturaleza, como es el caso de sequías muy pronunciadas en el tiempo o por el contrario por largas inundaciones que afectan la normal producción de bienes y servicios; en otros casos la producción se ve afectada por falta de medios de energía para los procesos productivos, ya sea escasez de gas y/o fuerza electromotriz o combustibles para el transporte de bienes. Sin dudas, no es nuestro caso.

La distorsión de precios por especulación comercial más conocida, se da en los casos de los monopolios y los oligopolios que fijan los niveles de producción y forman los precios por fuera del mercado, afectando directamente todo mercado a partir de la ausencia de competencia y formación natural de precios. En nuestro caso y en nuestra provincia estamos frente a una distorsión de precios de mercado por fenómenos de especulación económica, y no comercial, por cuanto la especulación nace a partir de la falta de control económico del sistema.

La diferencia radica, en que la distorsión no se observa en un segmento en especial del mercado o como dicen los economistas, en uno o varios nichos comerciales, por ejemplo en los alimentos si y en otros nichos no, que es el caso de la distorsión de precios comercial, sino, que es una auténtica distorsión de precios por especulación económica, porque es todo el mercado el distorsionado, por ejemplo, alimentos, vestimenta, ferretería, automotores, calzado, frutas, hortalizas. Todo, absolutamente todo el mercado está tomado por la especulación económica.

Los consumidores

En la teoría de la oferta y la demanda, los precios se fijan conforme a la cantidad de bienes y servicios que se ofertan en el mercado a los consumidores, y estos a su vez según sus necesidades, le dan el precio real a los bienes y servicios según su demanda (su necesidad). Esto es en un mercado honesto y sin distorsiones. Pero frente a la distorsión de precios de mercado por fenómenos especulación comercial, no son los consumidores que regulan el mercado, sino, los comerciantes.

Quienes sostienen que la distorsión en los precios en Tierra del Fuego obedece al alto nivel adquisitivo de la población fueguina, se equivocan porque el porcentaje de ciudadanos de muy buenos ingresos económicos es muy bajo respecto de la media porcentual de ingresos económicos bajos, que implica a la mayoría de la sociedad fueguina.

Y que quede claro que aun si todos los ciudadanos contáramos con los mejores ingresos económicos del país, tenemos el derecho de pagar el precio real de las cosas y bajo ninguna circunstancia, ni por ningún motivo, tenemos por qué pagar sobreprecios por especulación económica que amputa cualquier posibilidad de ahorro de la mayoría de la sociedad.

¿Cuál es el precio real de las cosas en Tierra del Fuego? el precio real de las cosas en Tierra del Fuego, es el precio real de las cosas en el resto del país, menos la carga impositiva nacional.

El rol de los gobiernos de turno

Frente a la distorsión de precios de mercado por problemas de producción o especulación económica, el gobierno cuenta con la suficiente cantidad de mecanismos políticos, jurídicos, económicos y sociales para intervenir en el mercado y restablecer el orden normal económico. Es decir, cualquiera sea el marco económico comercial donde se presente una distorsión económica deliberada, el ordenamiento jurídico argentino provee al gobierno federal y provincial de las suficientes herramientas y mecanismos políticos, económicos y jurídicos para intervenir en los mercados y restablecerlos en pos del bien común.

El rol del Gobierno de Tierra del Fuego

En este punto quiero hacerle saber a usted que los gobiernos de provincia cuentan con los mismos mecanismos y herramientas políticas, jurídicas, económicas y sociales, que el gobierno federal, y del mismo modo cuenta con los suficientes poderes y facultades otorgados por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes para enfrentar los problemas de mercado y darles una solución definitiva.

Para encarar el estudio de la distorsión de los mercados y sus soluciones, estos gobiernos de provincia deben cumplir con dos requisitos inescindibles el uno con el otro, a saber: decisión política, el gobierno provincial debe tener coraje para reconocer que existen sobreprecios en el mercado y para ello la suficiente decisión política para enfrentar el problema y resolverlo, entendiendo como decisión política la suficiente capacidad de reconocer que estamos frente a un problema, y como en todos los órdenes de la vida, a los problemas hay que enfrentarlos y resolverlos, dándoles una solución definitiva.

En la medida en que el Gobierno de la provincia, no reconozca que la situación de los altos precios relativos de mercados en Tierra del Fuego fruto de los sobreprecios son un problema para todos nosotros y que afectan directamente a los sectores más humildes de nuestra sociedad, que por cierto es la mayoría, amputándoles toda capacidad de ahorro, nunca se podrá combatir lo que no existe para el gobierno.

El otro requisito inescindible del anterior es idoneidad. El Gobernador de la provincia no debe ser necesariamente un economista máster de la Universidad de Harvard o un científico nuclear, se entiende por idoneidad a la capacidad del gobernador de entender que esta asociación humana perfecta que llamamos estado o comunidad jurídicamente organizada ha puesto en sus manos todos los medios y elementos científicos, técnicos, jurídicos, económicos, políticos, y los suficientes poderes y facultades para estudiar el tema y encaminar sus soluciones.

Es decir, en ese preciso instante en que el Gobernador se hace cargo del Gobierno de la provincia, él lleva ínsito en su cargo los suficientes poderes y facultades para contratar dentro del marco de la provincia o fuera de ella a todos los profesionales y especialistas que sean capaces de dar una solución al problema. Aún más, ante la falta de profesionales idóneos, el Gobernador puede muy bien contratar los servicios de las universidades en el ámbito del territorio de la provincia y/o nacionales, públicas o privadas, a fin de proponerle a él, los mecanismos suficientes para resolver el problema de los sobreprecios en el mercado provincial.

En este sentido, quiero contarle a la sociedad que tanto en las universidades de ciencias económicas del país, como en las universidades de derecho se les enseña a sus alumnos los distintos mecanismos que existen para atacar la distorsión de los mercados ya sean por producción o por especulación económica, desde un estado rector y fundado en un constitucionalismo social.

Que en dichas universidades existen bibliotecas enteras, llenas de contenidos anti-distorsión de mercados, con doctrinas impecables en materia de mecanismos de fomento y gravamen fiscal y parafiscal que no solo se enseñan formulas, sino, lo más extraordinario, que preparan al alumno en el razonamiento propio, para el análisis y preparación de mecanismos que sirven para enfrentar estas problemáticas.

Los profesionales recibidos en las universidades argentinas no sólo salen preparados para asesorar a sus clientes privados, sino que su preparación profesional, implica una preparación integral para el asesoramiento en los distintos órganos del Estado. No es posible que algún profesional de Ciencias Económicas o de Derecho, que ejerza su profesión en Tierra del Fuego niegue que existan mecanismos políticos, económicos o sociales para combatir la distorsión de los mercados en un país o en una provincia.

Las dos primeras mentiras

La primera mentira: Estoy convencido que el Gobierno saldrá a desmentir el presente escrito diciendo que si existiere alguna forma de bajar los precios en un 21% en el ámbito de la provincia y en un periodo de tiempo corto, se produciría un daño enorme en la recaudación fiscal de la provincia.

Recuerde usted, que los ingresos brutos son directamente proporcionales al valor de venta de las cosas. Entonces, ante la pereza intelectual de este Gobierno, lo primero que vería es una caída en la recaudación fiscal. En estas afirmaciones se encierra la primera mentira, porque bajo ninguna circunstancia debería caer la recaudación fiscal, dado que una baja de los precios en todo el ámbito de la provincia del orden del 21% por el ataque a los sobreprecios, implicaría un aumento de sueldo del 21% tanto para los trabajadores públicos como para los trabajadores privados, pero aún más, no sólo los trabajadores con relación de dependencia se verían beneficiados con la baja de precios, sino también los independientes y liberales, como los contadores públicos nacionales, chapistas, mecánicos, zapateros, toda la sociedad, absolutamente toda la sociedad se vería beneficiada con un incremento de sus ingresos en un 21%.

Ahora bien ¿A dónde iría a parar esos mayores recursos que ingresan en cada hogar? ¿A una cuenta en Suiza? ¿O esos mayores recursos ingresarían de lleno al mercado de la provincia?

Entonces, ante la mayor actividad económica por una mayor disponibilidad de dinero en el bolsillo de los ciudadanos, ¿Por qué motivo se produciría una baja en los ingresos brutos de la provincia?

Prima facie, el resultado debería ser igual a cero, ni bajarían, ni subirían los ingresos públicos por las medidas. Pero, y al contrario, según mi humilde saber y entender una mayor actividad económica, debería propender a una suba en los niveles de recaudación fiscal.

Estoy en condiciones de afirmar que sí existiere la más mínima voluntad política de resolver este problema, en dos meses bajaríamos los precios. De hecho, afirmo, que si yo fuera funcionario económico de la provincia, en 60 días, bajo los precios relativos de mercado, por debajo del 21%.

Esto último dicho a partir de que, si yo, un humilde ciudadano más de Tierra del Fuego puedo sostener que es perfectamente posible retrotraer los precios a los niveles históricos de Tierra del Fuego, es decir a precios reales sin impuestos, ¿Qué respuesta deberíamos esperar de la señora Gobernadora, que cuenta con todos los poderes y facultades para enfrentar y resolver el problema?

Esto implica la obligación política y moral del Gobierno provincial de exponer en las próximas semanas un plan de acción, que nos demuestre la férrea voluntad de encarar el problema en la búsqueda de sus soluciones.

La segunda mentira: Obviamente, y de quién otro sino de las cámaras de comercio de la provincia. Son quienes nos tienen acostumbrados todos los años y todos los meses, con la vieja amenaza de que cualquier medida política, económica o social dirigida a la regulación de mercados deviene inconstitucional por confiscatoria.

Si un comerciante que está acostumbrado a ganar 1 millón de pesos por mes libre de toda carga, por los sobreprecios y de pronto deja de percibir $210.000 porque el Estado ha regulado el mercado, quedándose sólo con $790.000de utilidad libre de todo impuesto, es obvio, que va a plantear todo tipo de inconstitucionalidades, porque “el resto de la sociedad se ha quedado con una parte de su propiedad privada” [sic].

Ahora, ¿Dónde está la inconstitucionalidad por la confiscación de la propiedad privada? ¿En los $210.000 que quedan en los bolsillos del pueblo? ¿O en los $790.000 que quedan en los bolsillos del comerciante? ¿Quién confisca a quién?

¡No vaya a ser cosa que los comerciantes tengan que devolver más de lo que el pueblo les exige! Respecto de este tipo de argumentaciones falaces de los sectores económicos le digo a toda la sociedad, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha mantenido desde 1922 hasta la fecha, la siguiente doctrina:

…“la protección de los intereses económicos constituye para el Estado una obligación de carácter tan primario y tan ineludible como lo es la defensa de la comunidad amenazada por el aprovechamiento abusivo de una situación excepcional”… Corte suprema de justicia de la Nación Argentina - 28 de abril de 1922. (Fallo 136:170)

Ley 19.640

Como lo expliqué al principio, la Ley 19,640 no es una ley de promoción industrial, sino una ley de promoción económica y luego de los constantes ataques que ha recibido la ley a lo largo del tiempo y, sobre todo, en las últimos años en el Congreso de la Nación en representación de los intereses de otras provincias, tiene que quedarle bien claro a toda la sociedad, que con esta situación de mercado local, la Ley 19.640 se encuentra en grave riesgo.

Si la única diferencia que hay con el resto del país son los beneficios industriales, es muy fácil de atacarla, argumentando la necesidad de transformación de la Ley 19,640 de promoción económica, a una ley de promoción únicamente industrial.

Y todo, por un pequeño grupo de familias prestigiosas de Tierra del Fuego que se quedan con la mayor parte de los beneficios de la promoción económica. Dicho de otro modo, si un Diputado de otra provincia observara el alto costo fiscal que implica al Estado federal (todas las provincias argentinas) el mantenimiento de una ley de promoción económica, cuyos únicos beneficiarios son un pequeño grupo de familias, trataría de consensuar y convencer a los otros representantes del país en el Congreso de la Nación, la modificación de la Ley 19.640 de promoción económica, por una ley de promoción estrictamente industrial en el área aduanera especial, fundado justamente, en que no hay ningún tipo de diferencia económica comercial y de mercado entre la provincia de Tierra del Fuego y el resto del país y que ese enorme costo financiero que tolera el resto de las provincias argentinas, queda en los bolsillos de un pequeño grupo de familias fueguinas.

La fórmula

Este documento lo establecí como Parte I, porque realmente no es en seis carillas como se debe presentar la solución a un problema endémico de nuestra economía, pero es muy importante que se sepa que sí existe una solución, que es perfectamente posible, que es una herramienta jurídica que debe ser realizada en la Legislatura provincial y promulgada como Ley de la Provincia. Se trata de una herramienta muy simple, pero que implica la decisión política de enfrentar el problema y darle una solución.

Si el Poder Ejecutivo provincial y sus funcionarios creen que no hay herramienta posible para retrotraer los precios por debajo del 21% respecto a lo que valen las cosas en la ciudad de Rio Gallegos, entonces, que sean los representantes de los partidos políticos en la Legislatura provincial los que procuren la respuesta.

Yo me reservare la formula unos meses más, para que esta nueva Legislatura, que pinta igual a la anterior, se tome el tiempo para procurar una respuesta. De no ser así, entonces publicare la formula antes de fin de año y que se hagan cargo del costo político que implica no poder explicarle a la sociedad, por qué un ciudadano común tiene que dar una respuesta político-jurídica que tienen que dar ellos y por la cual cobran para ello.

Es bueno que usted sepa que por cada día que pasa sin que el poder político se interese por este flagelo, es un día más de despilfarro de toda la sociedad. Son miles de millones de pesos que se pierden, es demasiada grosera la perdida de la capacidad de ahorro y de inversión de todos y cada uno de ciudadanos, por la avaricia de nuestros comerciantes y la más profunda ignorancia de nuestros representantes políticos que no quieren enfrentar el problema.

Espero que usted sepa hacer responsable a los mediocres de siempre por el daño que les causan a la sociedad que representan; y se lo digo muy en serio, porque no es justo que después de tanta miseria, usted los reivindique una vez más con su voto.